SOJA Y HAMBRE

UNA TRAVESIA POR LAS COMUNIDADES WICHIS EXPULSADAS POR EL AVANCE DEL MONOCULTIVO

Cercados por la soja

La Ley de Bosques no logró frenar los desmontes. Las amenazas, los padecimientos y la resistencia de los aborígenes en Salta.

Por Carlos Rodríguez

Desde Tartagal

“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.

La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.

La Ley de Bosques, como se la llama en forma corriente (ver aparte), establece disposiciones que tienden a evitar el desmonte o a realizarlo, en todo caso, en forma racional. La realidad indica hoy que unas 60 familias wichís están siendo empujadas a dejar sus tierras. Ellos tienen su hábitat en diferentes parajes salteños de la más importante área forestal del continente, después de la Amazonia. Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque. [+]

No son nuevos los problemas que causan los “sojeros” en Argentina. Grandes propietarios de tierras que han incorporado en sus cultivos la soja, producto con una gran demanda en el mercado internacional de materias primas. Su implantación en América de Sur -segunda mitad del siglo XIX- ha visto desde finales del siglo XX hasta la actualidad un crecimiento sin igual de la demanda. Los altos rendimientos por mejoras genéticas en las semillas –Monsanto es líder en obtención de semillas resistentes a casi todo- y los precios alcanzados en el mercado internacional han favorecido el cambio de cultivo de cereales por la soja. La codicia y la falta de previsión han hecho que se roturen nuevas tierras a costa de zonas boscosas o suelos que pertenecen a comunidad indígenas que viven de una agricultura de subsistencia.

La avidez de suelo no respeta a estas comunidades y se está produciendo un desalojo de las mismas ante la pasividad de las instituciones que han de velar por la integridad del territorio y defender los intereses de estas comunidades indígenas frente a los intentos de las multinacionales y grandes propietarios. Si el tiempo y la ciudadanía no lo impide el hambre seguirá en aumento en Argentina y las comunidades indígenas perderán su soporte vital para la subsistencia.