Ayer El País publicaba un interesante reportaje sobre los secretos de la Administración pública, secretos que afectan a los ciudadanos porque se maneja información que les compete y, sobre todo, porque se manejan fondos públicos. No es nuevo el oscurantismo en la Administración y es casi imposible acceder a cualquier tipo de información porque le avala el que no esté regulado el acceso. España no tiene una ley que permita el acceso libre de los ciudadanos a la información que le interese, somos de los pocos países de la Unión Europea que no tiene regulado este derecho, porque creo que es un derecho. Hasta ahora la respuesta es siempre la misma cuando se trata de pedir información del erario público: “está en los presupuestos”. Es cierto que en los presupuestos están las grandes cifras, pero el destino última de las cantidades allí señaladas, por ejemplo, a mi me gustaría saber con detalle las partidas en cultura del Ayuntamiento de La Laguna, dónde han ido a parar los fondos públicos que se consignan en los presupuestos, pero luego se pierden, salen de la luz y entran en el lado oscuro. No supongo que haya habido un mal uso desde el punto de vista penal, pero sí puede ser objeto de discusión qué es lo que se entiende por cultura, o lo que entiende la corporación actual por cultura.
Como ejemplo citado se me ocurren muchos más y no sólo en la administración local, sino en otras administraciones, como puede ser el acceso al grado de cumplimiento de los presupuestos aprobados y qué se ha ejecutado y qué no se ha ejecutado. La solución para este oscurantismo está en la elaboración de una ley de transparencia que obligue a las administraciones a dar cuenta de las inversiones y gastos realizados, entre otras cosas, y así sabrías que el Ayuntamiento de La Orotava tenía previsto gastar más de doce mil euros anuales en tarjetas de aparcamiento para sus ediles. (Ahora la supresión de las tarjetas se vende como una medida de ahorro, cuando lo que habría que plantearse si ese gasto era oportuno).
En fin una ley de transparencia puede ser el comienzo de una nueva forma de hacer política y que los dineros públicos no sirvan para pagar favores, y que si se pagan se sepa. Otro día hablaremos de presupuestos participativos, que también se puede hacer, pero que no es de interés para casi ninguna fuerza política –igual que la ley de transparencia-. Si se logra tener una ley de transparencia efectiva y unos presupuestos participativos, ya casi tocaríamos el cielo de la ciudadanía.
ASÍ PROMOCIONAN LA LEY DE TRANSPARENCIA EN ECUADOR
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