domingo, 26 de octubre de 2008

GRACIAS JUEZ


´La Administración es quien debe aplicar la ley de Memoria´

El juez Grande-Marlaska dice que la formación integral de todos es la vía para mejorar la justicia






MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE El juez del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que fue invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICTF) el pasado viernes al acto de jura o promesa en el acceso a la carrera profesional como abogados de 64 licenciados en Derecho, señaló -durante el cóctel ofrecido tras el citado acto y a preguntas de La Opinión de Tenerife sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica- que "habrá que requerirle a la Administración para que aplique la Ley de Memoria Histórica, es la Administración la que tiene la competencia conforme lo que dice la propia Ley; se aprobó el 26 de diciembre de 2007 y ya han pasado casi diez meses, un año casi, pues habrá que aplicarla sin darle más vueltas, sin hacer tampoco carne, pero es que las leyes están para ser aplicadas".

El juez, convertido en una estrella mediática por muchas de las causas judiciales de las que se ha hecho cargo -entre ellas, el auto contra el dirigente abertxale Arnaldo Otegi en medio del alto el fuego declarado por la banda terrorista ETA; la resolución contra el etarra Iñaki de Juana Chaos, o el caso de presunto fraude masivo por parte de Forum Filatélico- es reacio a dar entrevistas; huye de focos y de micrófonos, pero los casos que enjuicia suelen copar las cabeceras de diarios e informativos.......[+]


Menos mal que el juez Fernando Grande-Marlaska ha puesto las cosas en su sitio: “Habrá que requerirle a la Administración para que aplique la Ley de Memoria Histórica”. Cierto he mantenido esta premisa desde el momento en que se aprobó la ley y se estaba dilatando la aplicación en el tiempo, dejando en manos de asociaciones y grupos que en un intento muy loable salvan la cara a la Administración que ha dejado de la mano la aplicación de la ley que ha propuesto y ha publicitado como un logro significativo.

Y digo menos mal porque quienes hemos considerado la intervención del juez Garzón como un hecho que carecía de sentido porque ese no es el camino para la aplicación de la ley, salvo que pretendiera actuar como detonante para que Administración tomara cartas en el asunto, cosa que no ha hecho con la celeridad que sería de desear, éramos considerados como contrarios a la ley. Esa simplificación es propia de quienes se ciegan y no atienden a razones. Confiemos en que, de una vez, quienes cayeron a manos de asesinos amparados por los golpistas tengan el descanso que se merecen.