La pasada semana fuimos testigos del desalojo y derribo de algunas de las casas en el barrio de Cho Vito en Candelaria, Tenerife. Las viviendas tenían orden de derribo porque se construyeron en terrenos públicos -al borde del mar- bajo la administración de Costas. El proceso seguido hasta el momento del derribo ha durado varios años y se han agotado todos los plazos manteniéndose lo que el juez ha dictado con la salvedad temporal de aquellas viviendas que son “primera vivienda” y sus moradores no tienen otra alternativa.
Todo este proceso ha servido para que vecinos del barrio, algunos concejales de la oposición (Coalición Canaria y Partido Popular) hayan mostrado la faz más patética y lamentable. Los primeros lamentaban la pérdida de sus vivienda aduciendo que la justicia les ha maltratado, que no son terroristas y la policía les desalojaba, que los trataban así porque eran canarios, que Cho Vito parecía un campo de concentración con tanto policía, y como éstas otras lindezas sin que se entre en la esencia del problema que es la ocupación del suelo público de forma irregular.
Un comportamiento similar tienen los responsables públicos – algunos concejales han hecho declaraciones del tal irresponsabilidad y desconocimiento que rayan el disparate, pues se olvidan de su condición de representantes del estado-, que sus manifestaciones cuestionan el sistema judicial y alientan entre los ciudadanos la desconfianza de un sistema, el judicial, que tendrá muchos defectos, pero si lo cuestionamos cuando las decisiones no nos son favorables, arreglados estamos. Así que con este panorama y la defensa de una irregularidad con argumentos pasionales nos lleva a un callejón sin salida, pues si estás de acuerdo con la decisión judicial para que vuelva a ser público lo que quedó en manos privadas de forma ilegal, se te puede considerar casi como un individuo marginal, antisocial, enemigo de tu tierra y otras cantinelas que se repiten sin cesar.
La otra defensa de la ilegalidad es el agravio comparativo, que también funciona y lo usan unos y otros sin tener en cuenta que las comparaciones no exculpan, sólo pueden poner de manifiesto una inoperancia de la justicia, que en algunos casos interesa a quienes gobiernan, porque hasta intentan buscar soluciones para resolver asuntos donde su codicia e ineptitud ha causado estragos, y me refiero a las licencias que se han dado desde el gobierno autonómico para la construcción de hoteles y urbanizaciones y ahora ”cantan” demasiado y sólo queda el camino de la piqueta para devolver a los ciudadanos el suelo público que se ha usurpado ilegalmente o con el respaldo de actuaciones políticas a sabiendas, eso tiene un nombre y la justicia se encarga de resolverlo.
En fin Cho Vito pasará al recuerdo, quienes viven allí y no tienen otra vivienda, tarde o temprano serán realojados, ahora toca seguir con la ley de costas –Cho Vito no es el primer caso de derribo en Canarias- y esperemos que cuanto antes se despejen los agravios y podamos disfrutar de lo que es de todos, y quienes tienen responsabilidades dejen a un lado esta demagogia barata y hagan el esfuerzo para que se resuelvan todas las irregularidades sin excusa y sin exclusión.
Un recuerdo en este momento para Cristina Narbona, artífice de esta ley, que fue muy criticada en su momento por la oposición –claro, aunque cuando gobernó no cambió la ley- y por los compañeros de su propio partido. Lo dicho, gracias Cristina por haber tenido el valor de proponer y defender esta ley a favor de la ciudadanía.
El Cho Vito es una infamia,de todos los lados que la mire usted,si pasa ,que seguro a pasado por el Medano,tenemos un hotel,como tantos otros metidos dentro del Atlántico,lo vino a inaugurar Fraga,da igual,ese tiene valor histórico,siendo imparcial tengamos que ser como en la revolución francesa,empezar por arriba,y darle ejemplo al de abajo,pura demagogia.
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