CADENA PERPETUA PARA ASESINOS

Observen esta foto con estos personajes. Si nos abstraemos y vemos a dos personas mayores y como seres bien pensantes, diríamos que son dos abuelos con la mirada algo perdida, a pesar de ello, buen aspecto en ambos, aseados, de pelo cano, abundante, bien recortado. En fin dos personas respetables.

Pero la realidad es otra, son dos asesinos condenados por la justicia argentina después de demostrar su participación en crímenes de lesa humanidad. Su aspecto es engañoso y las lágrimas que derramaron en el juicio también, porque ahora que reclaman justicia, clemencia y todo a lo que dicen tener derecho no les ha servido de nada porque ellos que no creyeron en la justicia, que no respetaron lo más elemental que es la vida reclaman para sí lo que ellos denegaron, sin embargo han tenido un juicio justo y la condena, cadena perpetua, se ajusta a derecho y a la constitución argentina. Se ha hecho justicia, que no venganza y ojalá vivan muchos años para que los rayos del sol, que sale cada día, les active las neuronas, para que en la noche la luna martillee su conciencia con imágenes de todos aquellos seres que han sufrido por sus acciones. SE HA HECHO JUSTICIA

El dictador de llanto fácil y cuentas secretas

Por Diego Martínez [Página 12. 29/08/08]

Fue amo, señor y fusilador número uno de Tucumán. En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana. A fines de la década del ’90, la difusión de la información sobre sus cuentas secretas y millonarias en el exterior le hizo derramar sus primeras lágrimas en público. Pero recién ayer, 32 años después de sus mayores hazañas, el Mussolini tucumano de llanto fácil conoció la Justicia.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Tiene 82 años. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión. “Siempre los Bussis (sic) nos hemos batido en minoría”, mintió ayer. En los registros militares consta que la Compañía de Monte del ERP tuvo, en su momento de mayor despliegue (1975), entre 120 y 180 efectivos.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el ex gendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona.” Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Juan Martín describió el método de entierro en vida, contó que obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, dijo ayer.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. Fue en la misma causa que ayer derivó en su condena. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

De la mirada de hielo de hace treinta años no quedan ni rastros. Si el general Menéndez se esmera en mantener su estampa de guerrero, la barba y las lágrimas de Bussi sugieren abandono y conciencia de la derrota. La única buena noticia que podrá escuchar de aquí en adelante es que le permitan seguir en su country de Yerba Buena. Es improbable: ya violó su arresto domiciliario, demostró –pese al tubito– que tiene buena salud, y ningún condenado por crímenes de lesa humanidad goza de ese privilegio.

El Chacal que comandó a la ESMA cordobesa

Por Adriana Meyer

Alias “Cachorro”, alias “Chacal”, alias “Hiena”. El más bravo de los sicarios del Estado en dictadura, el que se animó a cuestionar a los jefes de la Junta Militar por blandos, uno de los represores con más imputaciones en procesos judiciales. El genocida Luciano Benjamín Menéndez, poderoso ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, fue autoridad máxima en Córdoba durante los años del terror y estuvo a cargo de la represión en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Bajo su mando funcionó el destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, del que dependía el centro clandestino de detención La Perla, conocido como “la ESMA cordobesa”, por donde pasaron 2500 hombres y mujeres. Menéndez solía visitar ese campo de exterminio y algunos recuerdan haberlo visto mientras presenciaba fusilamientos al borde de las fosas. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, también aparecía durante los interrogatorios y las torturas.

Le adjudican ser ideólogo del “pacto de sangre”: hacía participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales para que en el futuro “no se dieran vuelta”. Hombre de armas llevar, en agosto de 1984 sacó un cuchillo cuando militantes de la Juventud Comunista lo repudiaron al grito de “asesino” en la puerta de un canal de televisión, cuando salía del programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. En 2003 hubo un incidente similar en Córdoba, cuando amenazó con una sevillana a un grupo de estudiantes que lo reconoció en una playa de estacionamiento.

El “Cachorro” participaba de algunos operativos en los que se reservaba el “botín”. En la Justicia cordobesa hay un pedido de reapertura de la causa Mackentor, una empresa constructora que fue ocupada y saqueada por los militares en abril de 1977 por orden de Menéndez. Veinte empleados y los accionistas jerárquicos fueron secuestrados y llevados al centro clandestino La Ribera, mientras que el presidente Natalio Kejner y el síndico Gustavo Roca lograron salir del país.

Desde hace un mes, Menéndez duerme en la cárcel cordobesa de Bower, tras haber sido condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue su primera sentencia de una larga lista de procesos por los que debería ser juzgado en varias provincias. Hasta ese momento había gozado del beneficio del arresto domiciliario en su casa de Bajo Palermo, en la capital cordobesa, con su rutina de caminatas y su apacible existencia de general de división retirado. Si bien tuvo menos exposición pública que un Videla o un Massera, ejerció la misma influencia en las decisiones políticas y represivas. Mantuvo algo de ese poder durante los años ’80 y ’90, cuando el Ejército lo seguía invitando a sus actos oficiales.

Fuera del amparo de la Ley de Obediencia Debida, en 1988 fue procesado por 48 homicidios, 76 tormentos y 4 sustracciones de menores. Pero en 1990, cuando estaba a punto de ser juzgado, el entonces presidente Carlos Menem lo incluyó en el indulto, a pesar de que nunca había sido condenado. Esa medida lo salvó, además, de otras 700 causas en las que se lo acusaba de homicidios calificados, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegales de la libertad y sustracción de menores (masacre de Palomitas, centro Arsenales, asesinato de Paco Urondo, torturas a Raúl Ernesto Morales, entre otros casos). En abril de 2000 pasó cinco días preso tras negarse a declarar en el proceso en el que se investigaban los 30 asesinatos de presos políticos en la Penitenciaría. Fue la primera vez que se encontró frente a dos hijos de sus víctimas.

Junto a Ramón Díaz Bessone, Santiago Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason integró el grupo de Los Duros y llegó a soñar con la política desde la organización Nueva Opción Republicana. Fue ferviente partidario de que Argentina entrara en guerra contra Chile en el conflicto del Beagle. “Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo hacemos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, dijo entonces.

Menéndez nació hace 81 años en San Martín, entró al Colegio Militar en 1943 y ascendió a coronel en 1966. De familia militar, su abuelo también había querido iniciar la guerra contra Chile, su padre se sublevó en 1951 contra Juan Perón y su sobrino, Mario Benjamín Menéndez, se rindió en Malvinas.

Mientras otros genocidas callan, Menéndez usa el banquillo de los acusados como si continuara arengando a la tropa. En sus ardientes defensas del terrorismo de Estado (que le “ganó la batalla a la subversión marxista”), hay una aceptación implícita de los delitos que se le imputan. Como en sus “Instrucciones para actuar contra la subversión”, en las que instaba a los ciudadanos a la delación de sospechosos y de “cualquiera que esté alejado de sus padres, no crea en Dios y excite contra todo tipo de autoridad”.