A vueltas con la iglesia

La introducción de una nueva materia "Educación para la ciudadanía" en la enseñanza obligatoria en nuestro país ha despertado de nuevo a los obispos. Como era de esperar cualquier cambio que se produzca en sus considerados privilegios les pone en pie y en armas. Este comportamiento no es nuevo y prueba de ello, para los que tenemos cierta edad son los casos de los cambios en educación a partir de 1982 con la llegada de la izquierda al poder en España; la ley del divorcio, la interrupción de embarazos no deseados son algunos de los ejemplos que se pueden poner de los momentos álgidos en los que los obispos mordían a la yugular a quienes le llevaran la contraria. Para entender mejor lo que sucede y ha sucedido les copio dos artículos aparecidos en el El País hoy domingo uno de julio de 2007.

La facción reaccionaria

Santos Juliá 01/07/2007

Jerarquía católica española y ciudadanía son conceptos que se repelen

PARA QUIEN haya seguido la sarta de manifestaciones de los obispos españoles contra la introducción en el currículo escolar de la asignatura de Educación para la ciudadanía, una cosa ha quedado clara: jerarquía católica española y ciudadanía son conceptos que se repelen. Atención: no cualquier jerarquía católica, sino la española, y no cualquier católico, sino de la clase de los jerarcas. Es la suma de jerarquía más católica más española la que se muestra, una vez más, incompatible con el concepto de ciudadanía.

Una vez más, y van ya ni se sabe cuántas. España ha sufrido secularmente de un episcopado, más que vulgar, ultramontano, siempre dispuesto a recurrir a todos los medios, sin excluir el derecho a la rebelión, para impedir que los españoles disfrutaran de libertades cívicas elementales, entre ellas, la libertad religiosa. El tiempo pasa rápido, la memoria es corta, y no sobra recordar que hasta la de 1978 ninguna Constitución española reconoció la libertad de conciencia salvo las de 1869 y 1931. Y las dos lo pagaron bien caro: ni a jovencitas lograron llegar.

La religión católica, apostólica, romana es, desde la Constitución de 1812 hasta el Fuero de los Españoles de 1945, "la religión del Estado". Cada vez que una Constitución sucumbía, la que venía después también reconocía el monopolio de oferta de la religión católica en el mercado de las creencias. Se comprende la sabiduría acumulada por la Iglesia para salir con bien de una historia constitucional tan asendereada como la española. Por eso, cuando en 1978 se acabó el monopolio, no dejó pasar ni un mes para amarrar bien sus privilegios: generosa financiación; envidiable posición, sufragada por el Estado, en el sistema educativo; legión de catequistas con libre y retribuido acceso a los colegios públicos, y la fiesta de la Inmaculada para que los españoles dieran gracias a la Virgen María por la Constitución promulgada dos días antes.

Treinta años después, alguien podría preguntar: ¿qué más quieren? La respuesta es sencilla: los que tienen mucho, siempre quieren más. Y si son fanáticos del poder, lo quieren todo. Y eso es lo que pasa con la facción reaccionaria que se ha apoderado de la cúpula episcopal, los Rouco, Cañizares y Martínez. Reaccionaria en sentido estricto, es decir, la que pretende volver a los buenos tiempos pasados y obligar al Estado a retirar de la circulación una asignatura recomendada por el Consejo de Europa porque "no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia". Y ¿desde cuándo un Estado está obligado a diseñar temarios "conformes" con semejante doctrina? Hace de saber que bajo tan pomposo nombre se esconde el esfuerzo de una sucesión de papas por encontrar una tercera vía entre el absolutismo y el liberalismo. Agotados en el empeño, dieron con una llamada "democracia orgánica", cumbre de la doctrina social de la Iglesia hasta que el Concilio Vaticano II la envió al museo de antigüedades vaticanas.

Pero la facción reaccionaria piensa que el Vaticano II, por la bondad de Juan XXIII y la famosa duda hamletiana de Pablo VI, resultó en pérdida neta de poder e influencia de la jerarquía eclesiástica, sobre todo en España, donde disponía, gracias a la democracia orgánica, de todo el poder sobre las conciencias privadas y la moral pública. Y quiere volver, no más, a la Doctrina Social de la Iglesia como norma a la que ha de ajustar el Estado los temarios de Educación para la ciudadanía. Iglesia, sociedad soberana en el ámbito espiritual, con una doctrina a la que el Estado, soberano en lo material, se debe "conformar". Y si no se conforma, los católicos habrán de "responder a tal desafío" recurriendo a todos los "medios legítimos" para defender -risum teneatis- la libertad de conciencia que los obispos de España, y de sus nacionalidades y regiones, llevan siglos despreciando.

No hay que tomarlo a broma, aunque lo parezca, del tipo de las pesadas. Estos jerarcas, otra cosa no, pero instinto de poder sí que tienen: lo han conservado durante siglos. De modo que el Gobierno sabrá lo que se hace, pero la confluencia en el otoño próximo de una campaña de agitación y propaganda en torno a la educación para la ciudadanía con la beatificación de varios centenares de "mártires de la cruzada" no es una casualidad: esta gente no da puntada sin hilo. En otoño entraremos en vísperas electorales y la facción reaccionaria se prepara, con artillería pesada, para devolvernos a los tiempos en que los católicos sólo podían votar, so pena de pecado mortal, al partido que sus obispos recomendaban.

Ay, señor, señor, las cosas que hemos visto... y las que nos quedan por ver.

Creyentes y ciudadanos

REYES MATE 01/07/2007

El País

Soy autor de un libro dedicado a los profesores de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Lo he hecho pensando que ejercía el noble arte de la ética política, así que debería asombrarme del comunicado de los obispos que descalifica esa incursión como atentado a derechos de los padres. Pero no me asombro porque fue lo mismo que dijeron sobre el divorcio y la LODE, aunque los protagonistas fueran el hábil Tarancón, el bueno de Díaz Merchán y, ahora, el duro de Rouco.

La Iglesia española tiene un esquema mental con el que mide la relación de la política con la moral y es ésta: existe un derecho natural que tiene sus principios establecidos sobre lo que es bueno y malo en la vida privada y pública. Como su representante en la tierra es la Iglesia católica, hay que atenerse a ésa cuando se legisle sobre el particular. Este supuesto va cambiando de piel: ya no se habla de derecho natural sino de un "derecho originario e inalienable"; ya no se presenta la Iglesia como garante del mismo, sino que se le atribuye "a los padres y a la escuela" (privada); ya no afecta a toda la vida social, sino sólo a la familia y a la sexualidad.

Los números 11 y 12 de la declaración del pasado 21 de junio son fiel reflejo de esta teoría. Suena la alarma cuando constatan que la citada asignatura pretende "la formación de la conciencia moral de los alumnos". Eso es una grave lesión "al derecho originario e inalienable" de los padres y de las escuelas privadas (las publicas tienen que ser ideológicamente "neutrales"), únicos habilitados para "elegir la formación moral que deseen para sus hijos". La LOE, al no respetar estos principios, permite que el Estado "suplante a la sociedad como educador de la conciencia moral", con lo que la formación moral degenerará en adoctrinamiento.

¿Pretende la nueva asignatura formar la conciencia del alumno? Claro que sí, pero sólo en lo que afecta a sus derechos y deberes ciudadanos. ¿Puede el Estado, es decir, los representantes del pueblo, legislar sobre asuntos de convivencia de una manera distinta a como lo plantearía ese famoso derecho natural gestionado por la Iglesia? Es evidente que puede. Lo reconoce el propio documento cuando lamenta que Educación para la Ciudadanía no se haya limitado a explicar la Constitución y los Derechos Humanos. Se puede hablar de tolerancia, de ciudadanía, de responsabilidad, de paz y reconciliación, de la pobreza en el mundo y del medio ambiente. Eso forma parte de la moral pública y hablar de eso no parece que atente "al derecho originario". Se puede hablar de ello sin peligro de adoctrinamiento porque la educación cívica no significa que se hable de sus temas sin sentido crítico. Se puede criticar la democracia realmente existente desde lo que Aranguren llamaría "la democracia como moral" y los derechos humanos tienen flancos muy vulnerables. Eso forma parte de la famosa "libertad de enseñanza" que no es sólo el derecho a crear centros privados con ideario religioso, sino también libertad de cátedra en la escuela pública y en la privada. El respeto al sentido crítico consolida la convivencia más que cualquier apología.

Reconozcamos que aquí la Iglesia ha dado un paso adelante. No están tan lejos los tiempos en los que la Iglesia condenaba la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, el liberalismo, la democracia y hasta perseguía los derechos humanos; y más cercanos, en los que no había más moral pública y privada que la suya. Como suele decir el teólogo alemán Johan Baptist Metz "no hay un solo valor moderno que no haya sido desacreditado por la Iglesia", aunque muchos de ellos han salido del seno del cristianismo.

El problema es la familia y la sexualidad, último reducto de un imperio temático venido a menos. El alumno puede oír juicios sobre el matrimonio gay que no concuerden con lo que le digan en clase de religión católica. ¿Justifica esta disonancia le negación de la asignatura? Desde luego nada impide que, en nombre de la libertad de cátedra, un profesor de la escuela pública critique esa figura y otro, de la privada, la elogie. Lo importante es que se conozca esa modalidad jurídica y se la pueda juzgar libremente.

Esta confrontación entre Iglesia y Gobierno por una asignatura semejante no la han dado los franceses ni los alemanes, sin duda porque tienen otra idea del lugar de la religión en democracia. Resulta difícil imaginar a un obispo francés diciendo que no se pueden defender los derechos republicanos en una escuela católica o exigiendo "neutralidad ideológica" en la escuela pública. La diferencia es que mientras en el país vecino el republicanismo forma parte de la cultura general, aquí la versión escolástica del derecho natural es residual. Eso explicaría por qué la Iglesia francesa es socialmente tan influyente, pese a la rigurosa laicidad del Estado, y aquí cada vez lo es menos, pese a la complaciente "aconfesionalidad" del Estado español.

Se equivoca gravemente la Iglesia española si mide su presencia social por el eco que encuentra en un partido político. Ese eco es ruido y la triste verdad es que cada vez interesa menos su discurso a los creyentes, también a los de ese partido, y al conjunto de la sociedad española. Es verdad que no corren tiempos favorables a la lírica, pero se echa de menos una voz que despierte lo mejor de una tradición tan fecunda como la cristiana que es algo más que familia y sexo.